La pensión de alimentos es una obligación legal que tienen los padres hacia sus hijos menores de edad o aquellos que se encuentran estudiando. Esta obligación se extenderá hasta que los hijos cumplan 21 años o se independicen económicamente.
En ocasiones puede suceder que el padre o madre obligado a pagar, no cumpla con su obligación del pago efectivo de pensiones de alimentos. ¿Qué ocurre en este caso? En este artículo explicaremos las consecuencias legales de no pagar la pensión de alimentos en Chile.
Antes de profundizar en las consecuencias de no pagar la pensión de alimentos, es importante conocer las leyes que regulan esta obligación en Chile.
Según la ley de responsabilidad parental y pago de pensión de alimentos, ambos padres tienen la obligación de contribuir al sostenimiento y desarrollo de sus hijos. Esta obligación se extenderá hasta que los hijos cumplan la 21 años o se independicen económicamente.
El monto de la pensión de alimentos se fija según el nivel de ingresos de los padres, las necesidades del hijo, entre otros. En caso de no llegar a un acuerdo entre los padres, un juez será el encargado de fijar el monto.
No pagar la pensión de alimentos puede tener graves consecuencias legales y generar deudas de alimentos que luego serán cobradas por un tribunal de familia. A continuación, detallamos algunas de las principales consecuencias:
En caso de no pagar tres o más cuotas de pensión de alimentos, el juez puede ordenar el arresto del deudor. El arresto puede durar hasta 15 días renovables hasta por un tope máximo de 60 días. Solo se levantará cuando el deudor pague la totalidad de la deuda o se ponga al día con las cuotas.
Otra de las consecuencias legales de no pagar la pensión de alimentos es el embargo de bienes. El juez puede ordenar el embargo de bienes del deudor para saldar la deuda de la pensión de alimentos. Esto incluye cuentas bancarias, sueldo, propiedades, entre otros bienes.
En algunos casos, el no pagar la pensión de alimentos, puede impedir que la persona ejerza cargos públicos o sea contratista del Estado. Así lo establece la Ley de Probidad y Transparencia.
Es un registro que tiene por objetivo coordinar diversas medidas legales a fin de promover y garantizar el cumplimiento del pago de las pensiones de alimentos.
Un juzgado de familia se encarga de incluir al deudor de pensiones de alimentos en el Registro Nacional de Deudores de Pensiones de Alimentos.
La persona puede quedar registrada como deudor alimentario moroso. Esto significa que su nombre quedará en este registro público y no podrá realizar trámites como solicitar créditos o contratar servicios, entre otros.
Si alguien contribuye a ocultar al demandado e impide que sea notificado, un juez puede dictar una pena de reclusión nocturna hasta por 15 días.